Bienvenido a nuestro sitio webWelcome to our website

staff_abogados_ok

Nuestro Estudio fue fundado en 1975 por Urbano Marín, ex Presidente de la Corte Suprema; Eduardo Jara, Ex Subsecretario (Viceministro) de Justicia y Presidente del Tribunal de la Libre Competencia; y Jaime Jara, actual Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Posteriormente, se unieron Rodrigo Quintana, Ex Defensor Nacional y actual Consejero del Consejo de Defensa del Estado y Jaime Jara Schnettler, abogado de Empresas, Magister en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica y Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile.

En el 2010 se incorporaron nuevos socios. Jaime Arellano, abogado de la Universidad Católica de Chile, Master of Public Administration (MPA) por American University, ex Subsecretario (Viceministro) de Justicia, ex Presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – OEA (CEJA) y Fiscal de CORFO; y Andrés Mahnke, abogado de la Universidad de Valparaíso, ex  Jefe de la Unidad de Puesta en marcha de la Defensoría Penal Pública y Coordinador General de la Unidad de Reformas Judiciales del Ministerio de Justicia, y actual asesor experto del Consejo de Alta Dirección Pública.

Nuestra Oficina de Abogados presta asesoría, acompaña y representa a nuestros clientes en todas las instancias relacionadas con las siguientes áreas:

1.- Derecho Público. Comprende:

    1. Asesoría en el ejercicio, defensa y reconocimiento de derechos de rango constitucional y legal administrativo, ante Tribunales Ordinarios y Especiales, Tribunal de Cuentas, de Contratación Pública, Contraloría General de la República, Superintendencias, Servicios Públicos centralizados y descentralizados, y Municipalidades. Incluye la defensa en vía jurisdiccional, v.gr. recursos de protección y de ilegalidad, y en reclamaciones simplemente administrativas, solicitudes de dictámenes, permisos, autorizaciones y otras gestiones conducentes a la obtención o reconocimiento de derechos. Comprende, asimismo, la defensa y representación de intereses en procesos de provisión de bienes y servicios al Estado (licitaciones públicas o privadas), régimen de concesiones públicas, y, en general, en materia de relaciones contractuales con el Estado;
    2. Asesoría en la incorporación de capital privado a empresas o sociedades del Estado y privatizaciones;
    3. Asesoría legislativa y reglamentaria;
    4. Asesoría en el diseños de gobiernos corporativos en instituciones públicas, políticas públicas y reformas al Estado;
    5. Asesoría institucional a servicios de la Administración del Estado, incluidas Municipalidades, y a sus órganos directivos, en la pluralidad de sus competencias.

2.- Regulaciones Ambientales. Asesoría legal en los procesos de Calificación Ambiental (Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental), y sus modificaciones; obtención de permisos y autorizaciones, apoyo jurídico para el desarrollo de proyectos de inversión en sus aspectos ambientales, y en general, en materias relacionadas con el medio ambiente.

3.- Urbanismo y Construcciones. Asesoría en todas las materias relacionadas con la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General, ante el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y las Direcciones de Obras de las Municipalidades (obtención de permisos de construcción, reclamaciones en contra de decisiones de los Directores de Obras Municipales o de las Municipalidades, Contraloría General y Tribunales ordinarios y especiales) y cualquier otra materia relacionada con las normas legales y reglamentarias sobre urbanismo y construcción.

4.- Recursos Naturales y Energía.Asesoría en inversión y desarrollo de proyectos en el campo de las energías (generación hidro y termoeléctrica) y en la producción de energías renovables (hidroeléctricas, geotérmica, eólica, biomasa) y en el desarrollo de proyectos de inversión en áreas forestales y de pesca.

5.- Derecho Corporativo, Gobierno Corporativo y Financiamiento. Asesoría en la constitución de nuevas sociedades, reestructuraciones, fusiones, adquisiciones, creación de fondos de inversión, financiamiento de proyectos (incluyendo el aprovechamiento de subsidios, créditos y coberturas de fuente estatal), asesoría estratégica en negocios. Asimismo, asesoría en temas de gobierno corporativo y relaciones comerciales y estratégicas entre socios, o con otras compañías.

6.- Derecho de la Competencia. Asesoría para el debido cumplimiento de las regulaciones sobre la materia en los procesos de constitución de nuevas sociedades, reestructuraciones, fusiones y adquisiciones; así como asesoría estratégica en la evaluación e implementación de futuras operaciones desde el punto de vista de la libre competencia.

7.- Mercados Regulados. Abarca materias de derecho administrativo económico, comprendiendo en esta especialidad todas las áreas reguladas, tales como transporte, energía, obras públicas y concesión de obra pública (vial, portuaria y marítima, sanitaria, aeroportuaria, hospitalaria, educacional y de otro carácter).

8.- Inversión Extranjera. Incluyendo proyectos de toda índole desarrollados por inversionistas privados, bancos extranjeros, bancos internacionales, bancos de desarrollo y cooperación, programas de gobiernos extranjeros o de carácter regional relativos a inversión y/o cooperación.

9.- Protección de Datos Personales. Chile se encuentra reformando su regulación e instituciones sobre protección de datos personales y usurpación de identidad, para ubicarse en la vanguardia como país plataforma de servicios del resto de  la región. Nuestros servicios se focalizan en preparar y proteger a nuestros clientes en este nuevo escenario, especialmente aquellos pertenecientes a los sectores de mercados regulados y ligados a cuestiones de libre competencia. Especialmente los sectores bancarios, de salud, telecomunicaciones, seguros y nuevas tecnologías. Nuestra asesoría comprende el diseño de políticas y procedimientos corporativos de privacidad y control, apoyo para la transferencia internacional segura de datos y sus negocios conexos, levantamiento de ficheros y mantención de bases, y la provisión de los contratos para el negocio de tratamiento de datos; y,

10.- Litigación en sede Administrativa, Arbitral y Judicial, en Chile, en relación con las áreas ya señaladas. La litigación en sede administrativa comprende Contraloría General de la República, Ministerios, Superintendencias, Fiscalías, Agencias, y demás Servicios Públicos, sean estos centralizados o descentralizados funcional o territorialmente.  La litigación en sede jurisdiccional comprende Tribunales, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, además de los Tribunales y Comisiones Especializados: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tribunal de Contratación Pública (Tribunal de Compras), Consejo para la Transparencia (CpT), entre otros.

The Law Office of Jara & Marín was founded in 1975 by Urbano Marín, former Chief Justice on Chile’s Supreme Court; Eduardo Jara, former Deputy Secretary of Justice and Chief Judge on the Competition Tribunal; and, Jaime Jara, an independent attorney serving on the Appellate Court of San Miguel. Subsequently, Rodrigo Quintana, former National Public Defender and current State Defense Council member, and Jaime Jara Schnettler, a corporate attorney and Professor of Administrative Law with a Master’s degree in Constitutional Law came on board.

In 2010 new partners joined the firm. Jaime Arellano, a graduate of Catholic University of Chile law school with a Master of Public Administration (MPA) from American University, and former Deputy Secretary of Justice, President of the Board of Directors of the Justice Studies Center of the Americas – OAS (JSCA), and General Counsel at CORFO (The Chilean Economic Development Agency); and Andrés Mahnke, a graduate of the University of Valparaíso law school, former implementation chief at the Office of the Public Defender, and coordinator of the judicial reform unit of the Ministry of Justice, and current advisor to the Council on Senior Public Management.

Our firm provides guidance, advocacy and litigation services to our clients in the following areas:

1.- Public Law. Includes:

    1. Guidance on the enforcement, defense and recognition of rights under constitutional and administrative law before courts and administrative bodies of all types. Services include judicial defense such as appeals, administrative complaints, requests for opinions, permits, authorizations and other actions leading to the granting or enforcement rights as well as advocacy and representation of interests in the process providing goods and services to the State (public and private tenders), public concessions system and, in general, all forms of contractual relations with the State;
    2. Guidance on the incorporation of private capital into state enterprises and privatization processes;
    3. Legislative and regulatory guidance;
    4. Guidance on the design of corporate governance for public institutions, public policy and reforms to the state;
    5. Institutional advisory services to public service managers, including municipalities and other administrative entities.

2.- Environmental Regulations. Legal guidance on a broad array of environmental matters, including procedures involved in investment projects, securing Environmental Certification (environmental statements, impact assessments, etc.) and approval and permitting processes.

3.- Urban Planning and Construction. Guidance on Chilean regulations and implementing legislation in the field of Urban Planning and Construction as well as procedures before the Ministry of Housing and Urban Development, Public Works Directorates of Municipalities (obtaining building permits, complaints and appeals), the Comptroller General and courts of law.

4.- Natural Resources and Energy. Guidance on investment and development projects in the field of energy (hydro and thermal power generation), renewable energy sources (hydroelectric, geothermal, wind, biomass) and investment projects in forestry and fishing.

5.- Corporate Law, Corporate Governance and Financing. Guidance on the incorporation of new companies, restructuring, mergers, acquisitions, creation of investment funds, project financing (including the use of government subsidies, loans and credits), strategic business advice on corporate governance and relations among partners and/or other companies.

6.- Competition Law. Compliance guidance for newly incorporated, restructured, merged and acquired companies as well as strategic advice in the assessment and implementation of future operations from the competition perspective.

7.- Regulated Markets. Our services cover a broad range of economic and administrative matters in such regulated industries as transportation, energy, public works and concessions (roads, ports and maritime facilities, healthcare, airports, hospitals, education, etc.).

8.- Foreign Investment. Our services include guidance on a variety of projects undertaken by private investors, domestic, foreign, international, development and cooperation banks and foreign government or regional association programs to encourage investment and/or cooperation.

9.- Confidential Data Protection. As Chile revamps its confidential data and identity theft regulations to bring the country fully up to speed on the legal front, our services focus on helping to prepare and protect our clients, particularly those in major regulated and anti-trust related markets such as banking, health care, telecom, insurance and new technologies. Our team helps design corporate privacy policies and procedures, supports secure data transfer and connected operations, preparation of records, database administration, and drafts data-handling contracts; and,

10.- Litigation before Chilean courts of law, administrative and arbitral authorities.  Administrative litigation venues include the Comptroller General of Chile, Ministries, Superintendencies, General Counsels, Agencies and other public services. Court venues include courts of first instance, Courts of Appeals and Supreme Court as well as specialized courts and commissions such as the Competition Tribunal (TDLC), Public Procurement Tribunal, and Council on Transparency (CPT), among others.